Este ensayo esta basado, fundamentalmente, en la Nueva Gestión Pública en artículo publicado en el
número 6 de la Revista Pecvnia correspondiente al año 2008 bajo la
responsabilidad editorial de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de León en España.
Surgimiento
y desarrollo de la Nueva Gestión Pública
El
siglo XX tuvo eventos que marcaron de manera decisiva el desarrollo
de la sociedad moderna, de ellos, dos resultaron marcadores del
inicio de la Nueva Gestión Pública: La Gran Depresión de los años
30 y, la Segunda Guerra Mundial. Más allá de toda valoración
histórica, política y de consecuencias económicas y sociales es
menester reconocer que tuvo un impacto legitimador del papel del
Estado en la intervención de los hechos de la sociedad en general y,
de manera particular en los hechos económicos. Según los autores de
este artículo “su consecuencia más evidente ha sido un cambio de
orientación centrado, por una parte, en la ampliación de la
capacidad institucional (desde el punto de vista cualitativo no
cuantitativo) y, por otra, en la eficacia de la acción estatal para
atender las necesidades de la población y el buen funcionamiento de
los mercados.” Además señalan que “otra de las razones
fundamentales que contribuyen a que no se pueda prescindir del Sector
Público es que éste o las entidades que lo forman deben aportar a
la comunidad económica las bases necesarias para mejorar su
competitividad en una economía global.”
No
obstante esa necesidad, se ha producido un acuerdo generalizado entre
pensadores, académicos e investigadores en relación a la creencia
de que el Sector Público “ha desarrollado una serie de
disfunciones que tienen como resultado más significativo la falta de
adaptación de las organizaciones públicas al contexto
socioeconómico actual, lo que unido al incremento de su tamaño, de
la actividad y del gasto público, ha ocasionado un aumento de la
demanda de responsabilidad pública por parte de los ciudadanos.”
Superar
esas disfunciones le planteó al propio Sector Público la urgencia
de sumergirse en un profundo proceso de revisión y reforma con el
propósito de pasar de una administración asistencialista soportada
en la entrega de un conjunto de prestaciones y servicios de manera
gratuita a ser una administración más adecuada al actual contexto
mundial.
En
resumidas cuentas “significa pasar de la cultura administrativa del
gasto a la conciencia del coste, de la cultura del monopolio a la
cultura de la competencia, de la cultura del ciudadano-servidor a la
cultura del ciudadano-cliente, de la cultura de la burocracia a la
cultura de la adaptación, de la flexibilidad, de la preocupación
por la productividad y de la calidad en la provisión de los
servicios, lo que obliga a la Administración a ser competitiva en el
mercado”.
Este
es el cambio en la visión de la Administración Pública que Hood
(1991) denominó Nueva Gestión Pública y que ha
merecido, en la misma consideración, importantes aportes de otros
teóricos y además, el interés de organismos multilaterales como el
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico. “Estas
instituciones han puesto de manifiesto la necesidad de llevar a cabo
una transformación intensa de la Administración Pública, mediante
la revisión de sus fines y formas de funcionamiento y la creación
de nuevas estructuras organizativas y funcionales que permitan
cambiar las políticas y costumbres para adecuarse a los cambios
rápidos que se están produciendo en la sociedad”
Los
cambios recientes en el entorno del Sector Público colocó sobre el
tapete la necesidad perentoria de “renovar la organización y las
normas administrativas con el objetivo de conseguir una
Administración Pública más moderna y competitiva.”
El
origen de las reformas y, las reformas mismas se pueden explicar
resumidos en los siguientes factores:
Factores
económicos. Hacen referencia a la necesidad de
ajustar los presupuestos tras la crisis del petróleo en los años
setenta, a los problemas financieros con los que deben enfrentarse
los gobiernos y a los desequilibrios presupuestarios.
Factores
de carácter ideológico. Aquellos factores que
influyen en la modernización de la gestión pública se centran
básicamente en: (1) una mayor orientación hacia el ciudadano
entendido como cliente, con la posibilidad de elegir libremente al
suministrador del servicio y prestando mayor interés a sus
necesidades y derechos; (2) una cada vez más clara separación entre
la política y la gestión, diferenciando así, tanto sus
responsabilidades como el papel a desempeñar por los distintos
colectivos (políticos y gestores) y poniendo las tareas ejecutivas
en manos de organizaciones creadas expresamente para ello; y, (3) el
cambio de la posición ideológica en la división de roles entre el
Sector Público y el Sector Privado, a través de nuevas formas de
prestación de servicios públicos o fórmulas más cercanas a las
técnicas de mercado en competencia con las empresas privadas.
Factores
tecnológicos. Dentro de éstos hay que destacar
principalmente el desarrollo de las nuevas tecnologías de la
información. La Administración Pública no puede quedar al margen
de esta nueva «sociedad de la información», debe modernizarse
continuamente adaptándose a las nuevas tecnologías a fin de
mantener en todo momento la competitividad, optimizar la calidad de
los servicios y mejorar su relación con los usuarios.
La
tendencia hacia la NGP ha suscitado controversias que han dado lugar
a numerosos problemas a la hora de su adopción generalizada. Algunos
autores ven la NGP como una nueva forma de entender y de llevar a
cabo las funciones en el Sector Público, es decir un cambio de
paradigma, otros la conciben como una adopción simplista de las
peores características de la gestión privada, no teniendo en cuenta
las diferencias existentes entre ambos sectores.
La
Nueva Gestión Pública, en su interés por modernizar la
Administración Pública ha generado dos corrientes o formas de
gestión. Ellas son: el enfoque neopúblico y el enfoque
neoempresarial.
El
enfoque neopúblico
Las
características principales de esta corriente son: a) reforzar el
concepto de ciudadanía, buscando recrear la legitimidad política;
b) potenciar los valores de lo público, creando una cultura en la
eficacia y eficiencia y en la ética; c) reconocer nuevos derechos a
los ciudadanos; d) conseguir la satisfacción de los ciudadanos; e)
actuar con principios como la universalidad y la igualdad y no como
el economicismo y la gestión; f) incrementar la calidad y el número
de servicios públicos; f) definir claramente aquello que se puede o
no se puede externalizar, desde la perspectiva de las necesidades y
derechos de los ciudadanos.
El
enfoque neoempresarial
Pone
énfasis en la economía, la eficacia y la eficiencia de las
entidades públicas, al mismo tiempo que propone una clientelización
de los ciudadanos.
Las
características más destacadas de la corriente neoempresarial son:
a) el Estado Relacional y la sociedad del bienestar, más que el
Estado intervencionista y del bienestar; b) fomento del cambio de
cultura en el interior para pasar de proveedor a intermediario; c)
adopción del lenguaje y los conceptos del Sector Privado; d)
acortamiento de las distancias en las relaciones entre Administración
y ciudadanía; e) fragmentación en unidades más pequeñas con
creciente autonomía en la gestión económica, patrimonial, laboral,
etc.; f) materializaron a través de organismos con formas jurídicas
alejadas, en mayor o menor grado, del Derecho Público.
Los
límites teóricos de la Nueva Gestión Pública
Los
teóricos defensores de la "Teoría de la Elección Pública"
intentan reducir la Nueva Gestión Pública a una simple tecnología
de reforma administrativa, en la cual los funcionarios no buscan el
interés general, sino maximizar su utilidad personal, es decir,
satisfacer sus intereses personales. También están aquellos autores
comprendidos entre los economistas liberales o neoliberales que
consideran que la Nueva Gestión Pública está asentada sobre dos
hipótesis básicas con el objeto de reducir el Estado a la mínima
expresión, dando lugar a dos limitaciones: la necesidad de
introducir el mercado y la competencia en las Administraciones
Públicas y, la voluntad de dar poder al usuario de los servicios.
Los
límites prácticos de la Nueva Gestión Pública
Dentro
de los límites prácticos destacan:
a)
La descentralización de funciones y la delegación de poder a los
agentes autónomos. La descentralización de funciones genera
críticas, pues tiende a sobrecargar las organizaciones operativas
con múltiples y, a veces, inconsistentes objetivos, creando una
estructura desorganizada que a menudo avanza en diferentes
direcciones al mismo tiempo.
b)
La reforma de la gestión pública debilita el principio de
«rendición de cuentas» al no existir, tal como se indica en el
punto precedente, una coordinación entre la acción pública y los
sistemas de información utilizados en cada nivel o agente autónomo.
Aun
cuando Hughes (2003) está convencido de la mejora que supone la
instauración de la NGP, acepta como válidas algunas críticas:
1.
La base económica de la NGP. La aplicación de la Teoría
Económica al Sector Público está mal concebida, puesto que no
todos los individuos se comportan racionalmente y no todos los
problemas gubernamentales son susceptibles de resolución a través
de técnicas económicas, ya que éstas pueden presentar limitaciones
ante ciertos problemas públicos.
2.
La base en la gestión privada, debido a las grandes
diferencias que existen entre el Sector Privado y el Sector Público,
como por ejemplo la dificultad de determinar objetivos y medir
resultados en el Sector Público, la ausencia de un indicador de
beneficio para medir la gestión realizada en el mismo, etc. Si bien,
es cierto que muchos de los principios organizativos utilizados en la
Administración Pública provienen del Sector Privado.
3.
El "Neo-Taylorismo", reprochando la vuelta a la
gestión científica basada en la estandarización del trabajo,
dejando de lado las relaciones humanas.
4.
La politización. Una vez reconocida la importancia de la
política en la Administración, la politización no debe ser un gran
problema, no obstante, un exceso de la misma acarrearía una excesiva
politización de las actuaciones públicas.
5.
La escasa responsabilidad. Todavía no están claros los
límites y tareas de los miembros de la organización, a pesar de que
existe una mayor transparencia en la gestión pública y se ha
incrementado la responsabilidad respecto al sistema anterior.
6.
Dificultades con el contracting-out. La implantación del
contracting-out no es una tarea sencilla para el Sector
Público, pero su consideración por parte de los gestores públicos
como herramienta útil para la gestión de servicios públicos puede
generar disminución de costes y beneficios para la entidad.
7.
Necesidad de normas éticas. La NGP asume una cultura de
honradez. Tal vez, al ofrecer mayor transparencia puedan detectarse
más fácilmente comportamientos no éticos o corruptos que en el
pasado.
8.
Implantación y problemas morales, ya que el trabajo de
establecimiento de la NGP es diferente al de pensar que es buena
idea. En este sentido, la cúpula de las entidades ha realizado
esfuerzos, pero sin prestar la suficiente atención a la
implantación, falta de adiestramiento del personal y medios, y
existe una mala percepción de los cambios por el ambiente de
incertidumbre en que se han producido.
9.
Especificación confusa de lo que significa la NGP o
«managerialism». En algunos países dichos términos llegan a
ser en algunos aspectos despectivos, particularmente en Gran Bretaña,
donde existe cierta hostilidad hacia éstos a favor del término
«managerialist reform», que traducido al español significa
«reforma de la gestión».
CONCLUSIÓN
A
continuación transcribo las que, a mi juicio, resultaron
las conclusiones más importantes expuestas por los autores en este
singular y denso trabajo sobre la Nueva Gestión Pública.
La
necesidad de intervención por parte del Sector Público en la
economía de cada país se justifica por el conocimiento de fallos en
el mercado, como la reducida competencia en algunos sectores, las
externalidades que generan determinadas actuaciones, los mercados
incompletos, el paro, la inflación, los desequilibrios sociales y
ambientales, la distribución desigual de la renta y riqueza, entre
otros. El objetivo de dicha mediación es disminuir los efectos
negativos que tales situaciones producen en la economía y, como
consecuencia, en el bienestar de los ciudadanos.
La
Nueva Gestión Pública es una respuesta a la necesidad de adaptación
de la Administración Pública al entorno socioeconómico reciente,
puesto que el Modelo Tradicional de gestión pública no responde a
los cambios que se van produciendo en los distintos países. Esta
nueva forma de gestión origina un cambio de orientación y de
cultura dentro de la organización, dirigida hacia el ciudadano como
cliente y está basada principalmente en el ahorro y reducción de
costes, en la evolución de las tecnologías y en la mejora de la
cantidad y calidad de los servicios públicos.
La
introducción de la Nueva Gestión Pública en las Entidades Públicas
Locales, como entidades prestadoras de servicios y más próximas a
los ciudadanos, supone una repercusión en la concepción propia de
la entidad, tanto en la organización como en la forma de actuación,
contribuyendo a que sean más claras, más abiertas a los usuarios,
más innovadoras y menos centralizadas.
Yadira Coromoto
Zerpa Vielma
